estrategia industrial ante la crisis

 

“ Proceso del cambio”
“El cambio es ley de la vida. Cualquiera qué solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro” – John F Kennedy

Finalizamos aquí, con el quinto y último capítulo de este interesante estudio sobre la estrategia Industrial en España ante la crisis.

Una vez determinados en el capítulo anterior aquellos sectores que Europa debe ‘internalizar’ en diferentes fases, resta iniciar el camino para obtener el escenario final de una Europa con un sector primario, industrial y de servicios que le permita afrontar con seguridad el futuro teniendo en cuenta las incertidumbres de la geopolítica mundial y de las consecuencias negativas de la excesiva globalización.

Evidentemente en un breve capítulo no se puede enumerar la inmensa cantidad de acciones que son precisas para fomentar la creación de un sector económico para cada uno de los grupos y subgrupos vistos anteriormente, con su desglose a 4 cifras (más de 1000 registros). Por tanto, en este apartado se indican las acciones de carácter general que son necesario llevar a cabo y que pueden ser aplicadas a todos los sectores.

1.- Calidad
1.1.- Calidad intrínseca del producto: Definir unos estrictos indicadores de calidad de los productos, que incluyan tanto el producto final como la materia prima de sus componentes (metales, plásticos, etc.), desde distintos puntos de vista: características físico-químicas (resistencia del material, etc.), toxicidad directa, impacto medioambiental en la producción (la materia prima no es tóxica en sí, pero para producirla se daña al medioambiente), etc.
1.2.- Catálogo de productos: Generar una base de datos de productos finales, componentes y materia prima que permitan identificar cada eslabón de la cadena productiva (pueden resultar millones de registros). Participación de las empresas y sectores industriales en la creación de una codificación industrial universal europea
1.3.- Organismos certificadores: Desarrollar potentes institutos de acreditación de calidad que permitan verificar efectivamente todos los productos producidos (en principio a los importados, y posteriormente al resto). No podemos admitir productos que resultan de menor coste por el simple hecho de tener una mano de obra esclava.
1.4.- Normativa sancionadora: Generar legalmente un eficaz y ágil (evitar recursos judiciales, etc. que eternizan cualquier acción punitiva) sistema de sanciones que disuadan de importar productos sin calidad acreditada. Estas sanciones pueden ser desde económicas (ver punto siguiente) hasta prohibición de importación en x meses o años
1.5.- Capital social europeo: Obligación de que cualquier empresa que pretenda importar posea una sede local europea, con un capital social equivalente a un año de actividad y que es depositado a modo de fianza en el BCE para responden ante incumplimientos
1.6.- Evaluación de la producción: Acreditación de los medios de producción respetuosos con normativa UE. Bajo un sistema de tasa, cada empresa que desee exportar a la UE debe permitir que inspectores de la UE analicen las instalaciones y la cadena productiva con respecto a la normativa UE, así como los salarios de su personal, que como mínimo deberá ser de un 50% de la media UE en el sector/cualificación

2.- Barreras no arancelarias
Se implantarán dos tipos de barreras no arancelarias:
2.1.- Barreras de producto. A implantar sobre aquellos productos que la UE considere estratégicamente esenciales, cuya atribución puede ser desde discrecional o proporcional al diferencial de coste de los factores de producción. Todo ello en aras de evitar que un proteccionismo excesivo genere una ‘distracción’ de las empresas locales en alcanzar la máxima eficiencia.
2.2.- Barreras de mercado. En función del diferencial de la balanza comercial. A su vez se pueden distinguir los siguientes:

  • Barrera UE: por diferencial de balanza global
  • Barrera sector económico: por diferencial por grupo CNAE o cualquier otra clasificación

3.- Fomento industrial
3.1.- Definición y construcción de polos industriales. Se trata de definir qué país o región es más eficiente para el desarrollo de un determinado sector industrial debido a su situación geográfica u otros factores (acceso a recursos naturales, a puertos, etc. para lograr una industria que posea una ventaja competitiva debido a factores de entorno. Una vez definido el polo industrial debe construirse con fondos europeos.
Para la definición de los polos europeos debe establecerse un principio de “quid pro quo” esto es, debe haber un equilibrio entre todos los estados miembros. Por otro lado, el establecimiento de polos europeos puede serlo sin perjuicio de la generación de polos nacionales cuando factores de escala no provean mejoras competitivas importantes del establecimiento europeo.
3.2.- Investigación y calidad, los parques tecnológicos: paralelamente al establecimiento de los polos industriales se deben configurar ‘zonas de inteligencia’ que diseñen métodos de producción, técnicas de calidad, de gestión de RRHH especializados en el sector, de evaluación de proveedores, etc., que en definitiva eleven la eficiencia de las industrias de un sector determinado optimizando sus procesos comunes, sin perjuicio de la especialización y competitividad de cada empresa en su nicho de mercado. Estos parques tecnológicos pueden estar anexos o no a los polos industriales, dado que por un lado las tecnologías permiten trabajar en remoto, y por otro lado pueden producirse en sinergias en la concentración de parques tecnológicos (coincidencias los procesos de ‘provisión de recursos’, sistemas de información de empresa, etc.). Dicho modelo integraría al mismo tiempo entidades como los institutos tecnológicos (AIDIMA, AINIA, etc.) qué concebidos en el pasado como un adecuado apoyo al sector industrial local, su actual carácter provinciano hace preciso su evolución e integración en grandes estructuras europeas. Como el lector avezado habrá podido intuir, el concepto de ‘parque tecnológico’ incluido en este capítulo se encuentra en las antípodas de los ‘parques tecnológicos’ al que estamos acostumbrados, -como el de Paterna, que no deja de ser un mero polígono industrial, moderno si se quiere-, sin que sea preciso efectuar mayor comentario
3.3.- Administración pública. Las administraciones públicas nacionales y europeas (si queremos ser competitivos debemos olvidarnos del escalón regional pese a quien le pese) deben realizar las siguientes acciones:
3.3.1.- Crear organismos que faciliten la relación industria-estado. Por tratar de conceptualizarlo, se trata de una elevación significativa del concepto de ‘ventanilla única’, (cuya implantación real ha sido muy limitada, conceptualmente muy básica y –otra vez- muy provinciana por lo general) en el que las empresas posean un UNICO interlocutor con las administraciones para cualquier ámbito de actuación (desde un ERTE a un crédito ICO, pasando por una subvención tipo IMPIVA –por poner un ejemplo-, una licencia de actividad, acceso a fondos europeos, etc.). Deben ser organismos mixtos estado (y/o UE) y empresa.
3.3.2.- Homogeneización de la normativa industrial a nivel europeo. Este punto no necesita más aclaración, tan solo efectuar el inciso de la diversa normativa industrial y de servicios que tenemos en España (cada una correspondiente a las 17 taifas de cada comunidad autónoma, en línea con el desastroso desarrollo del Título VIII de la Constitución. ¡Otra cuestión que merece varios artículos aparte!)
3.3.3.- Homogeneización y equilibrio de la normativa laboral. Dado que este es un tema delicado es preciso establecer un principio básico que es: Si Europa desea ser una potencia industrial deberá poseer una fuerza laboral que se rija por las mismas condiciones en toda la Unión. En este aspecto se deben desarrollar políticas que:

  • Desmonten las prebendas excesivas que gozan los sindicatos en determinados países –como España- , donde aparte de las subvenciones públicas, ostentan otros privilegios como la liberación sindical (que es una subvención por otros medios –pero pagada ahora por las empresas-, y en muchas ocasiones distorsionada por los beneficiarios), la formación profesional reglada
  • Complementariamente a lo anterior se debe regular cual es el porcentaje de beneficio del que pueden disfrutar los trabajadores no sindicados cuando la acción sindical obtiene mejoras en el desempeño laboral
  • Eliminar la figura de los convenios sectoriales y la de la ultra actividad que en muchas ocasiones ahogan a las empresas cuando atraviesan un periodo de crisis o de baja actividad
  • Sin entrar en la figura del despido libre, ni del abaratamiento del despido, se debe afrontar de forma valiente una política para que las empresas puedan librarse de determinadas rémoras laborales (facilitar el proceso de verificación del despido procedente).
    No se puede consentir que, debido al ingente coste que supone el despido, las empresas prefieren mantenerlos en plantilla a pesar de su escaso o nulo rendimiento. Dicha política se debe articular en base a unos criterios concretos, y un procedimiento que inclusive pueda contar con la participación de los trabajadores.
  • Relacionado con lo anterior debe regularse que la indemnización por despido no se convierta en determinados casos en una lotería, porque el trabajador encuentra otro trabajo al poco tiempo o bien sea un complemento a la prestación por desempleo. Por tanto, esta indemnización (cuya obligación no se retira de las empresas) debe constituir una aportación de la empresa a la TGSS que contribuya al sostenimiento de las prestaciones por desempleo, pudiendo evaluarse en todo caso, en qué porcentaje el trabajador despedido puede participar de la misma, siendo el periodo de devengo máximo el de 24 meses

3.3.4.- Política de subvenciones. En este aspecto se debe centralizar la política y gestión de subvenciones industriales a dos niveles: europeo y nacional (de forma similar a los fondos FEDER) con las siguientes premisas:

  • Desprenderse del complejo ‘pacato’ de falseamiento de la competencia al subvencionar a las industrias, dado que otras zonas económicas (EEUU, China, etc. ) sí que lo hacen con el mayor descaro y aquí nos ‘tragamos’ sus productos.
  • Eliminación del concepto ‘a fondo perdido’, que tanta dilapidación de recursos públicos ha producido en las subvenciones a determinados sectores ‘tecnológicos’, que en realidad tenía poca viabilidad. Las subvenciones deben ser siempre con coparticipación del beneficiario –llegando inclusive a los bienes personales del empresario- pues en realidad se trata de ayudar a este empresario a que su proyecto viable salga adelante, y no se trata de ‘jugar a ser empresario’ o ‘experimentar’ con fondos públicos.
  • Establecimiento de un organismo de evaluación competente, que no evalúe los factores formales o burocráticos –típico drama hispano- sino que evalúe tecnológica y empresarialmente la viabilidad y eficiencia de la inversión. Participación de los ‘parques tecnológicos’ (apartado 3.2) y de los organismos de relación de industria-estado (3.3.1)
  • Paralelamente a lo indicado en el enunciado, prohibición de cualquier subvención provinciana a cualquier nivel.

3.4.- Fondos de solidaridad. Si Europa desea convertirse en una potencia económica debe evitar que su sector industrial se convierta en una ‘selva interior’. Bajo este principio se trata de constituir una estructura similar al Fondo de Garantía de Depósitos de suerte que cualquier empresa que atraviese por situaciones coyunturales de falta puntual de solvencia o de liquidez pueda acudir a dicho Fondo para superar el bache. En vez de garantizar a los depositantes lo que se trata de garantizar en este caso es a la propia industria, proporcionándole una segunda oportunidad.

Autor: Vicente Suarez, socio director en ILESpain y asociado a RALOG – Red de Ayuda Logística

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